La palabra empeñada valía mucho para nuestros abuelos. Cuenta Francisco de Paula Muñoz, en su libro El crimen del Guacatal, que la palabra era tan importante como un contrato. Viene al caso porque el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, afirmó que: “el Gobierno no tiene pensado privatizar absolutamente nada, es decir, pasar a vender el 100 % de su participación en tal empresa (…) sí se va a hacer optimización de los patrimonios que tiene el Estado porque no podemos tener (…) al mismo tiempo un capital mal utilizado” (https://bit.ly/2KqKkH1). Al Ministro, a diferencia de los abuelos, no se les puede creer.
Carrasquilla es una pieza clave en el sistema de privatización que ha operado en el país durante 34 años y es, y será, un fracaso. Las ventas de acciones estatales no funcionaron en la banca, ni en la industria, ni en las electrificadoras, mucho menos en la generación de energía ni en la construcción y operación de carreteras, donde el Estado ha entregado en concesión la infraestructura portuaria y los aeropuertos. (https://bit.ly/3pEFkid).
La promesa de mayores ingresos, transparencia y eficiencia administrativa es una quimera. El balance de las privatizaciones es negativo para el país y los sectores donde se realizaron.
Durante el primer mandato de Álvaro Uribe, Carrasquilla como ministro privatizó Telecom y el 20% de ISA y Ecopetrol. Telecom, la empresa más importante de telecomunicaciones, se vendió con el pretexto de quiebra y nunca ocurrió. Hoy, la telefonía, en manos del “libre mercado”, es un oligopolio.
Iniciando el gobierno Duque, Carrasquilla afirmó en la revista Dinero, que: “el Estado provea de energía a ciertas zonas del país mediante empresas propias no es tan prioritario como garantizar la alimentación. Por lo que podría mejor hacerse una “transferencia de recursos”. (http://bit.ly/2ZjgiqK) Venía por ISA.
En las respuestas al cuestionario que realizamos para la audiencia pública en Defensa de la empresa de interconexión, lo volvieron a mencionar: Si bien es cierto que esta empresa es significativa (…) también es cierto que no es fundamental la participación del Estado en este tipo de compañías para que operen adecuadamente en el mercado. No les molesta la empresa, les molesta el Estado.
En contravía de la historia.
En 1936, la administración de López Pumarejo cuestionó la incapacidad del sector privado para interconectar el país, por lo que se dio inició a las nacionalizaciones e ingreso del Estado en el negocio. Ahora, cuando Colombia suma más de cinco millones de personas sin gas (https://bit.ly/35R9TJL) y más de 1.700 poblados sin luz (https://bit.ly/3kLmOAX), el Gobierno le entregará la empresa que controla el 80% de la interconexión eléctrica a un privado.
Los privados, como es obvio, no buscarán la rentabilidad llevando luz a las familias más humildes.
El acuerdo 150, que autorizaba la venta de las acciones de EPM en ISA, se aprobó rodeado de mentiras y el Ministro, cuyo hombre de confianza, Javier Genaro Gutiérrez Pemberthy, estaba en la Junta Directiva de la empresa antioqueña, no defendió el patrimonio.
La Corte Constitucional tumbó el decreto 811 que permitía la enajenación de activos como ISA y Cenit de Ecopetrol, pero no las ansias del Gobierno, y Carrasquilla en particular, de llevar el mercado a todas las empresas públicas.
La ley 226 de 1995 plantea que “el plan de enajenación anual debe ser presentado para su conocimiento al Congreso de la República durante los primeros 60 días del año” previo decreto del Gobierno Nacional. Si no es el 2020, será el 2021.
La amenaza sobre la privatización es cierta y el Ministro no solo no despeja dudas, las crea y aumenta. Hay razones para desconfiar de la palabra “optimización” y muchas más para movilizarse, estudiar y defender el patrimonio público. No seremos inferiores al reto.