En Colombia existen 764 canales comunitarios. 113, el 14 por ciento, son de Antioquia y Santos los quiere acabar. Según la resolución 0433, por el que se reglamenta el servicio de Televisión Comunitaria Cerrada sin ánimo de lucro, para “racionalizar la economía” se establecen varias medidas que obstruyen el desarrollo de los canales comunitarios brindando mayor margen de maniobra a las multinacionales y adaptar nuestra legislación al TLC con Estados Unidos.
La resolución afirma que los canales comunitarios no podrán, en virtud de la libre competencia y las leyes anti monopolio, que no se aplican a Telmex ni a Carlos Slim, tener más de 6 mil suscriptores, principal fuente de financiamiento. Se reduce desde 15 mil, lo que impide, como es obvio, el crecimiento empresarial, sacro santa bandera del neoliberalismo, pues el 95 por ciento de las comunidades organizadas tienen entre 1 y 6 mil suscriptores.
Con la rebaja pierden las rentas de las comunidades. El 100 por ciento de las entradas por publicidad deben ser destinadas a la producción de programas propios, la publicidad política pagada, en un país de elecciones, está prohibida y los suscriptores, por lo que aún sobreviven la TV comunitaria, se restringen. Su futuro será convertirse en canales de suscripción y competir, condenados a perder, con Direct TV. En términos industriales es reemplazar producción nacional por importaciones, menos periodistas más asesores comerciales.
El Gobierno Nacional realizó foros para “socializar” la discusión y recibió dardos por la rebaja y otros asuntos. ¿Cuál fue la respuesta? Si, es verdad, pero es que el TLC…
Igualmente, la resolución exige a las comunidades poseer autorización de los canales incidentales, libres en el espectro electromagnético, que se retransmitan. El permiso es casi imposible de lograr porque no tienen el 100 por ciento de producción propia. La autorización debería venir, para cubrir el total de las retransmisiones, de 5 o 6 canales distintos, algunos como Televisa y canales privados que exigen remuneración o niegan el permiso.
Los canales incidentales sufren; los codificados también. La Autoridad Nacional de Televisión (ANTV) mantuvo la restricción, que no prerrogativa, de siete transmisiones de canales codificados, sin contar los culturales y temáticos. El siete es un número mágico: no se sabe de dónde sale, ni porque se mantiene, pero a las Televisoras por suscripción no se les limita y fueron por más; querían que los canales culturales se incluyeran entre los siete con el argumento de que la Tv comunitaria no debe transmitir comercialización de contenidos ni entretenimiento.
Con el número de canales codificados restringidos y la imposibilidad de retransmitir sin autorización, la resolución 0433 le pone la soga al cuello a la TV comunitaria. Es la legislación colombiana, adaptada a las necesidades de los Estados Unidos, puestas al servicio de las corporaciones extranjeras y contra nuestros compatriotas. Igual que con los pequeños y medianos mineros, que estorban para las transnacionales, son estigmatizados. Retransmisión sin permiso es considerada “clandestina” y así se empieza.
La ANTV le exige a las comunidades organizadas, como si fuera poco, pólizas para otorgarle la licencia de transmisión que ninguna aseguradora quiere dar, documentos en el que se indique la cobertura geográfica y los lugares que comprenden el cubrimiento georeferenciados, informe técnico avalado por un perito y listado de organizaciones sin ánimo de lucro que demuestren el carácter social de la empresa. En caso de ser inexacta, ni siquiera falsa, se suspende la licencia y se decomisan los equipos.
El negocio no es una “chichigua” para ninguna empresa multinacional. Al 2012 son 431.122 suscriptores en Colombia. Los ingresos operacionales superan los 50 mil millones de pesos, en los que Antioquia aporta un poco más de 10 mil, además de crecer en todo el territorio nacional.
La problemática de la TV Comunitaria es la misma que la de los mineros, campesinos, industriales, productores nacionales, empresarios: una política fletada que favorece los intereses foráneos por los locales. Es fundamentalismo de mercado y traición a la patria, que es su gente. La resistencia de estas comunidades se sentirá en cada rincón de Colombia; oposición a Santos y a los Tratados entreguistas de Libre Comercio.
En Colombia la Tv comunitaria, a diferencia de otros países como Ecuador, no es considerada Tv pública, por lo que no recibe ayudas del Estado. El Gobierno Ecuatoriano, por ejemplo, estimula los canales comunitarios con crédito preferencial para creación y compra de equipos, exenciones de impuestos para las importaciones que mejoren el funcionamiento de medios impresos y facilita acceso a capacitación administrativa y técnica de los medios comunitarios.
Extraño mundo el que nos toca: el “dictador” Rafael Correa que coarta la libertad de Expresión según la Sociedad Interamericana de Prensa, dueños del monopolio de las comunicaciones, apoya y aúpa la creación de canales de la comunidad organizada y el “demócrata” Juan Manuel Santos, primo de un ex presidente de la SIP, los acaba. ¿Paradójico no?